Los impuestos ambientales (también denominados “impuestos verdes” o “ecotributos”) son instrumentos económicos o de mercado que nacen de la intención de incluir en los precios los costos ambientales negativos de la producción o el uso de bienes.

Permiten, por un lado, incidir en el comportamiento de los consumidores y productores desincentivando el consumo de productos o actividades que deterioran el ambiente, y por otro, aumentan la recaudación gubernamental haciendo posible destinar los recursos obtenidos hacia mejoras del sector ambiental, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (“SEMARNAT”).

La clasificación de impuestos ambientales considera: ISAN (Impuesto sobre automóviles nuevos); Impuesto por tenencia de automóviles; IEPS (Impuesto especial sobre producción y servicios) a las gasolinas y diésel; plaguicidas y carbono. El impuesto por tenencia fue transferido a las Entidades Federativas en 2012 y muchas de ellas lo sustituyeron o abolieron definitivamente hacia 2013.

De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, corresponde a las Entidades Federativas instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, por lo que recientemente hemos sido testigos de las nuevas políticas implementadas en Estados como Nuevo León y Querétaro quienes toman como base las Normas Oficiales Mexicanas que establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en diversas operaciones.

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