El pasado 28 de noviembre de 2024, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que introduce importantes reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estas modificaciones buscan fortalecer la estructura gubernamental, modernizar su operación y alinear las instituciones públicas con las prioridades estratégicas del país.

Puntos clave del decreto.

I.  Reorganización y fortalecimiento de los organismos administrativos desconcentrados.

Los órganos administrativos desconcentrados serán sujetos jerárquicos de sus dependencias o entidades paraestatales. Se establece un marco operativo más eficiente, regulado por reglamentos interiores específicos, con nuevos modelos organizacionales:

a) Unidades de Administración y Finanzas (‘’UAF’’):

– Obligatoria en todas las dependencias centralizadas y paraestatales, con un modelo organizacional regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (‘’SHCP’’).

– Las UAF serán responsables del manejo administrativo y financiero bajo estrictos lineamientos de transparencia y control. Sus titulares serán designados libremente conforme a las disposiciones legales aplicables.

– La SHCP y la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno supervisarán sus operaciones para garantizar la rendición de cuentas.

II.   Creación de nuevas dependencias.

a)   Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno:
Diseñada para liderar la lucha contra la corrupción, garantizar la transparencia y fortalecer los sistemas de control interno en todas las dependencias gubernamentales. Tendrá facultades para emitir normas de fiscalización, realizar auditorías y promover la profesionalización del servicio público.

b) Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones:
Será el órgano encargado de impulsar la digitalización de los servicios gubernamentales, mejorar la conectividad en instituciones públicas y desarrollar herramientas tecnológicas para eficientar los procesos administrativos.

c) Secretaría de las Mujeres:

Cuenta con atribuciones para coordinar acciones federales que promuevan la equidad de género, prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar su acceso pleno a los derechos sociales, económicos, culturales y políticos. Las políticas de género serán transversales en la administración pública, incluyendo programas de inclusión laboral, mecanismos de protección y el diseño de políticas públicas enfocadas en reducir brechas de desigualdad.

III.   Reorganización de secretarías existentes.

– Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Adquiere atribuciones para regular el cambio climático, economía circular y manejo de áreas naturales protegidas, promoviendo la sostenibilidad ambiental.

– Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación: Será la autoridad responsable de coordinar políticas de investigación, transferencia tecnológica y acceso universal al conocimiento. También fomentará la formación de recursos humanos de alto nivel para proyectos estratégicos.

– Secretaría de Educación Pública: Refuerza su papel en la promoción de la conectividad digital en escuelas, la educación física, y el desarrollo de proyectos culturales y deportivos.

– Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Recibe mayores facultades en materia de inteligencia criminal, administración penitenciaria y coordinación nacional en seguridad pública, con un enfoque de respeto a los derechos humanos.

IV.   Modernización administrativa.

Se refuerzan las competencias de la SHCP para consolidar procesos de contratación pública, planeación del gasto y estructura organizacional en las dependencias, garantizando eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.

V.   Innovación y digitalización.

Con el apoyo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se busca modernizar los servicios públicos mediante el uso de tecnología, incluyendo el fortalecimiento de procesos administrativos y la mejora de la conectividad en todo el país.

Impacto esperado.

Este decreto representa un cambio estructural significativo, con el objetivo de:

– Modernizar la Administración Pública Federal, alineándola con las necesidades sociales y económicas actuales.

– Fortalecer la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

– Promover la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

– Reforzar la seguridad pública y las políticas de justicia bajo un enfoque respetuoso de los derechos humanos.

Si tiene preguntas o requiere información adicional respecto a esta comunicación favor de contactar info@rapa.mx.